El documento establece la implementación de un Plan de Trabajo anual y la puesta en marcha de un protocolo preliminar que beneficie a los sectores más vulnerables, generando nuevos puestos laborales y acciones gratuitas de capacitación.

El acuerdo busca generar mecanismos institucionales de intercambio de información y de asesoramiento mutuo, que permitan a las partes conocer las políticas públicas que se implementan en materia de empleo y formación profesional.

Además, ambos funcionarios acordaron la implementación de un protocolo preliminar anexo al convenio que defina las acciones a desarrollar, siendo los colectivos de desocupados que se encuentran dentro de los grupos más vulnerables los destinatarios principales. 

El documento firmado por Weretilneck y Triaca busca fortalecer las políticas públicas nacionales y provinciales que en esta materia se vienen implementando en Río Negro, a través de su articulación, integración o complementación, con el objetivo de maximizar el impacto en los distintos colectivos de beneficiarios.

El convenio también tiene como objetivo integrar, dentro de la definición de esas políticas, la atención de las nuevas temáticas laborales, en especial las relacionadas con la contención e integración laboral de los grupos más vulnerables; el acceso al trabajo de personas con discapacidad; el trabajo decente y la responsabilidad social empresaria; la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres; la erradicación del trabajo infantil; el teletrabajo; el impacto de las adicciones en el mundo laboral; la integración de poblaciones originarias; el empleo rural; el respeto a la diversidad sexual en el empleo; la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la contención de veteranos de guerra. 

Además, se propone trabajar para elaborar y ejecutar en forma conjunta acciones específicas en estas materias para su aplicación en Río Negro, que respondan a las particularidades de las distintas problemáticas que afectan o puedan afectar a la provincia; así como desarrollar mecanismos coordinados de intervención conjunta o integrada que permitan atender situaciones de emergencia que impacten o puedan impactar negativamente en el nivel de empleo en zonas, industrias o establecimientos.

Asimismo, se dispone determinar indicadores que posibiliten la medición, así como el monitoreo y evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto de las políticas públicas nacionales o provinciales.

De acuerdo al convenio, la Provincia podrá involucrar a todos los organismos y agencias que tengan competencia en las materias, en función de los contenidos de los programas de la Secretaría de Empleo.

Por otro lado, el convenio establece que Provincia y Nación implementarán un Plan de Trabajo dentro de los próximos 60 días, incluyendo el intercambio de información sobre las políticas públicas, el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de estas políticas, el diagnóstico sobre la situación del empleo y la formación profesional en la provincia y la formulación de acciones conjuntas o coordinadas. 

Anualmente, las partes elaborarán nuevos Planes de Trabajo a fin de planificar las acciones conjuntas o coordinadas a desarrollar el año siguiente.

 

Protocolo preliminar

 

Mientras las partes avancen en la elaboración del Plan de Trabajo para el 2016, se acordó implementar un protocolo preliminar anexo al convenio que tiene por objetivo definir, desarrollar y ejecutar acciones conjuntas o coordinadas. 

Los colectivos de desocupados que se encuentran dentro de los grupos más vulnerables serán los destinatarios principales de estas acciones. Entre ellos están los jóvenes y adultos que son participantes de los programas de empleo nacionales, aquellos que tengan alguna discapacidad, que residan en zonas rurales, que integren comunidades originarias, que se encuentren bajo tratamiento por el consumo de sustancias psicoactivas, que integren el colectivo LTGB (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero), que sean veteranos de guerra, que sean mujeres en situación de vulnerabilidad o que se encuentren en situación de desempleo. 

Asimismo, las partes acordaron diseñar e instrumentar medidas tendientes a la puesta en marcha de un Observatorio de Empleo Provincial, con el objetivo de disponer de información actualizada y sistematizada para la formulación de políticas en materia de empleo y formación profesional y la medición del impacto de las mismas.

Del mismo modo, se dispuso convocar a los actores provinciales, municipales y sectoriales a la conformación de una mesa de concertación, con el propósito de proyectar, a nivel provincial, criterios que permitan abordar de manera colectiva y estratégica las intervenciones territoriales, mediante planes de acción que permitan atender las problemáticas de empleo y de formación profesional.

También se definió diseñar y ejecutar un plan provincial de formación profesional y certificación de competencias laborales de trabajadores desocupados a fin de promover su inserción laboral en diferentes sectores productivos y de servicios priorizados por la provincia, promoviendo las potencialidades emprendedoras de la población objetivo, teniendo en cuanta la diversidad regional de la provincia. 

En este sentido, se estableció diseñar e implementar acciones para los sectores de la ganadería (con el objetivo de formar 150 trabajadores), de la agricultura y fruticultura (350 trabajadores), turismo (250 trabajadores), gastronomía (275 trabajadores), construcción (250 trabajadores), metalmecánica (100 trabajadores) y sistemas informáticos, software y telecomunicaciones (150 trabajadores).

Además, se establece la implementación del Programa Intercosecha  y otras acciones de promoción del empleo rural para 5.000 trabajadores, poniendo especial énfasis en las actividades productivas tradicionales y su permanente transformación.